BOUDOU

Bajo la gestión presidencial de Carlos Menem, con un grupo de sindicalistas de la comunicación alertamos al entonces Secretario de Medios Fernando Niembro, que con la entrega de Canal 13 al grupo Clarín y la privatización de los canales y radios se abría un camino que sometería la política a la discrecionalidad mediática.

Niembro nos contestó lo que Menem creía: que el presidente no necesitaba los Medios porque, aún privatizados, podría aparecer en ellos cuando quisiera.

En Estados Unidos, cuando el Servicio Meteorológico anuncia que al día siguiente hay probabilidad de tornados la gente tiene que estar atenta a la radio y la televisión.

Los Medios están comprometidos con un mecanismo que defiende la integridad de las personas y de sus bienes.

Apenas un par de años atrás, gracias a la valentía de Cristina Fernández de Kirchner, se discutió y promulgó una Ley de Medios que al tiempo que derogó la Ley de radiodifusión de la dictadura abrió el camino para la desmonopolización de los Medios. Hoy en día la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos la posibilidad de revertir lo que Menem hizo y que Niembro justificaba. Un fallo ejemplar pondría fin al monopolio mediático.

De todas maneras aunque la Corte jugara sin más demora para el lado de la justicia, la correlación de fuerzas que la Ley 26.522 promueve, no se modificaría lo suficiente. Con la caída del monopolio y sin que las fuerzas sociales, culturales, económicas y políticas junto al Estado, acuerden un plan de sostenibilidad del nuevo y democrático sistema de medios los “eventos naturales extremos” seguirán golpeando por sorpresa (como sucedió el miércoles pasado) y los ciudadanos -no solo los que ocupan cargos importantes- seguirán condicionados a la construcción que los Medios hacen de la realidad.

Sea cual fuere el lugar que ocupemos en la sociedad estaremos sometidos a ser juzgados sumariamente aunque no hayamos cometido delito alguno.

Aunque el avance es lento, la remoción de la Ley de la dictadura debe celebrarse como uno de los tantos actos revolucionarios impulsados por el gobierno kirchnerista, en otras latitudes donde ocurren hechos similares, no cuentan con legalidad alguna para enfrentar la arbitrariedad mediática y el linchamiento social que ella produce.

La batalla ideológica, la batalla cultural, la misma que alguna vez se dio contra la concentración que del conocimiento hacían los claustros religiosos, se ganó democratizando el acceso a la información. Hoy estamos ante una situación similar. El tema es que identifiquemos claramente el enemigo, que sepamos trazar alianzas y que finalmente con la multiplicidad de voces e interpretaciones podamos acceder a una calidad institucional que los Medios concentrados (y el seguidismo que el resto debe realizar para disputarle el sentido) impide y deteriora.

Las grandes políticas que en línea con el histórico proyecto nacional impulsa el gobierno no son debatidas en los Medios.

Par los Medios las políticas son temas y así mostrados pueden reducirse a cualquier cosa. Así es posible tomar partido por países que cuestionan las políticas proteccionistas del kirchnerismo sin decir que ese es el método que utilizan en el exterior. La recuperación del patrimonio nacional, a través del control estratégico de la energía y de los alimentos, puede exhibirse como una agresión a débiles empresas extranjeras, perseguidas por la desmesura K.

El poder del dispositivo mediático logra disimular la valentía de la presidenta en la lucha por la soberanía en Malvinas y censura las políticas promovidas por su gobierno buscando que la crisis mundial impacte lo menos posible sobre el trabajo y la producción de los argentinos. En ese caos temático, sin ningún miramiento ni respeto por la verdad, deciden llevar al cadalso al vicepresidente Amado Boudou.

Y casi todos los actores involucrados (jueces, fiscales, acusadores y acusados) disputan la pantalla. Pantallas de Medios que tienen una estructura que condiciona a quien allí aparece. En ese toma y daca el Medio ya no solo es el mensaje, es la realidad que ellos construyen.

Los argentinos tenemos una situación inmejorable, hay una Ley y un debate sobre la comunicación que puede definirse para el lado de la verdad y el conocimiento y de paso impedir que cualquier ciudadano sea juzgado y condenado sumariamente (como sucedía en dictadura) aunque luego se demuestre que no cometió delito alguno.

Néstor Piccone

08/04/2012