La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual demostró
nuevamente ser una causa nacional.
El miércoles 28 de agosto en los Tribunales de Plaza
Lavalle, la gente respondió una vez más a una convocatoria amplia,
intersectorial y unitaria. Y le cambió el clima de derrota que el campo popular
kirchnerista sintió desde las PASO.
El 17 de agosto la Coalición por una Comunicación
Democrática había lanzado una convocatoria abierta. El martes siguiente el
AFSCA sumó la decisión del Estado Nacional de convocar en forma conjunta
mientras día a día se engrosaba la lista de organizaciones sindicales,
sociales, de derechos humanos, de radiodifusores y productores de contenidos
audiovisuales de los pueblos originarios, del cooperativismo, comunitarios y de
micro y pequeñas empresas de arraigo local.
Por otro lado la Corte Suprema de Justicia con su llamado
a Audiencia Pública posibilitó finalmente observar la obscena actuación con la que un grupo de abogados contratados
por Clarín intentó reducir a un puñado de militantes de la comunicación que
alcanzaron los estrados del palacio. La pasión no se compra.
Los públicos ya habían ganado la primera pulseada cuando
la Corte tuvo que retractarse y admitir la presencia en el púlpito supremo de la
Defensoría que preside Cynthia Ottaviano.
Lorenzetti y los demás cortesanos, en una lectura
apresurada, habían definido que la Defensoría del Público no podía participar
porque es un organismo estatal. De haberse impuesto ese criterio la CSJ habría
derogado de hecho parte del art. 19 de la Ley y demostrado que como tantos
opinólogos, periodistas, o funcionarios de distinto pelaje (incluyendo
gobernadores) nunca leyeron la Ley.
Mientras en la calle la gente seguía la audiencia
reprobando a los Amicus de Clarín y
aplaudía a los amigos del pueblo, en el palacio: el Perro Horacio
Verbitsky y Damián Loretti como CELS, representaban también a la Coalición por
una Comunicación Democrática. El cooperativismo lo hizo a través de Miguel
Rodriguez Villafañe.
Hace más de 4 años: 146 diputados, 44 senadores, una
presidenta de la Nación con el 54 por ciento de los votos, debatieron y
promulgaron la Ley luego de escuchar la voz de un pueblo entero. Hoy sólo falta
que 7 argentinos adopten la decisión final y de una vez por todas se defina que
un monopolio no puede más que la unidad del campo popular.
La reforma
política más importante de los últimos diez años está escrita en la letra de
esta Ley. Si luego de cuatro años se pueden
movilizar miles de personas es que detrás del texto legal se consolidó una
causa nacional.
Para aquellos que creen que la no reelección de Cristina
Fernández es un fin de época y que sobre ese ciclo terminado postulan que les
será posible derogar los avances culturales, la gente y la Ley le dicen que no
se apresuren.
Hay cuestiones inderogables y en la unidad del campo
popular está la seguridad de un futuro que nunca será igual al peor pasado. Los
avances que no están atados sólo a la prosperidad económica, serán la base
sobre la que se tendrá que parar -cualquiera fuere- el presidente/a que alcance
la Rosada en el año 2015.
Quinientas personas en Villa María, convocadas por el
Programa Universitario de Comunicación Audiovisual (PUCARA) al día siguiente de
la movilización a Tribunales, ratificaron el compromiso con la aplicación de la Ley, avanzando con un
programa de acción que promueve y define la sostenibilidad de un nuevo
sistema de Medios.
Clarín dejó en claro que sin monopolio el actual sistema
de Medios no es sustentable, las voces múltiples que se postulan para crear una
comunicación más democrática están
convencidas que la misma no es posible sin la articulación de la sociedad civil
con las universidades y el Estado.
La Ley ganó la segunda batalla de Tribunales; la Corte
Suprema, que asentó su prestigio con fallos históricos a favor de los derechos
humanos, tiene la gran posibilidad de seguir en esa línea y con la futura
acordada por la Ley de SCA ratificar ese status para la Comunicación.
Néstor Piccone.(Foto, con Mariotto y Sabbatella).
2/09/2013.
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