PROFUNDIZAR
LA GESTION
Y
RENOVAR EL COMPROMISO
CON
LA COMUNICACIÓN COMO UN DERECHO SOCIAL
Por PROYECTO COPLA: Luis Lázzaro, Néstor Piccone, Nora Anchart, Guillermo
Saucedo, Jorge Déboli, Irene Haimovichi, Norma Fernández, Verónica Rímuli, Gabriel
Wainstein, Luis Rivero, Diego Llumá, Marcelo Valente.
La Corte Suprema de Justicia ha ratificado en su fallo una de
las principales banderas que levantamos desde los 21 Puntos de la
Coalición por una Radiodifusión Democrática: la comunicación es un bien social
que no puede subordinarse al mercado o las corporaciones. La reestructuración
de los grupos mediáticos para cumplir con la Ley 26.522 es ahora un mandato
inexcusable de Clarín y de todos los actores empresariales del sector. Nadie
puede ponerse por encima de la ley.
La consecuencia con esos postulados nos obliga a reclamar con la
misma fuerza el protagonismo de los Actores Sociales, de los Medios Populares,
del Sector Público, de las Pymes y Cooperativas en el desarrollo de una
comunicación inclusiva y federal. Ello requiere de una política pública
integral para su promoción activa, que supone la plena aplicación de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual, pero que reclama además la gestión de un
nuevo mapa de derechos en materia de libertad de expresión.
Es la hora de darle pleno contenido a todos los artículos y al
espíritu democratizador de la ley que construimos entre todos con el impulso de
nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Una política integral comprometida con la comunicación como
derecho social supone articular todas las políticas de Estado para que las
Cooperativas de todo tipo, las Empresas locales y regionales, las
Organizaciones Populares y los Actores Sociales organicen respuestas que
permitan la redistribución efectiva del dispositivo mediático que ha intentado
asfixiar la democracia en la Argentina.
Son las banderas históricas del campo popular: la justicia, la
independencia y la soberanía, las que deben llenarse de gestión y de contenido
para consolidar una década de realizaciones que no pueden entregarse al
oportunismo de ocasión. Para
ello se requiere capacidad de gestión y compromiso con las ideas fundadoras de
esta ley para seguir avanzando en la creación de empleo, el fortalecimiento de
la cultura y la identidad regionales y el ejercicio concreto del derecho a la
información, que no puede estar subordinado a las productoras metropolitanas.
Políticas activas de efectivización del 33 por ciento para las
entidades sin fines de lucro, cumplimiento de la deuda con los radiodifusores
incluidos en los artículos 159 y 160 de la Ley 26.522, llamado a concursos para
los nuevos operadores de televisión registrados en los Censos públicos, plena
implementación del Fondo de Promoción para proyectos especiales, comunitarios y
de Pueblos Originarios, fiscalización activa
de las cadenas radiales y televisivas que impiden el desarrollo del empleo
local, reserva efectiva de frecuencias para las Universidades Públicas y todos
los sectores contemplados en la ley, Plan Técnico que permita la administración
eficaz y democrática del espectro radioeléctrico, son algunas de las medidas
que necesariamente deben acompañar y complementar la adecuación empresaria.
Un nuevo período de gestión
comienza el próximo 10 de diciembre en las instituciones creadas por la Ley en
2009. Ante ello, Copla
quiere sostener los principios que le dieron sustento para que los
representantes del Poder Ejecutivo, la Comisión Bicameral y el Consejo Federal
de Comunicación Audiovisual en los directorios de AFSCA y RTA expresen el
espíritu participativo, multisectorial, plural e interdisciplinario que la
legislación propone y garantiza.
Tal y como lo hicimos a la hora de militar los 21 puntos que
fundaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, creemos que es hora
de acompañar los procesos de adecuación empresaria con una participación activa
de la sociedad civil, las universidades y espacios públicos que llenen de
contenido a la comunicación como derecho social que es, en definitiva, la razón
central de la ley y del fallo con que la Corte lo ha reconocido.
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