La Semana por Néstor Piccone
En la
larga marcha por afianzar la democracia y profundizar los mecanismos que
amplíen los derechos de los ciudadanos, el fallo de la Corte Suprema de
Justicia es un éxito popular, nacional, latinoamericano. Alfonsín, Menem, De la
Rúa, Duhalde enfrentaron con políticas contradictorias lo que miles de
ciudadanos que hacían comunicación reclamaban.
El primer
Kirchner priorizó recuperar las necesidades básicas insatisfechas que padecían
millones de argentinos y recuperar con el cuerpo la credibilidad de la
política y los políticos y se convirtió en el primer gobernante de la
democracia que decidió gobernar por sobre los dictados de los Grupos
Monopólicos.
Desde el
atril discutía con los periodistas y los medios. Esa actitud fue la que
entusiasmó a los sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos,
empresas de comunicación de gestión comunitaria, cooperativas, micro y pequeñas
empresas de arraigo local, de universidades en avanzar con la pelea por
defender los medios alternativos, desmonopolizar el cable y construir
medios propios.
Sobre
fines de 2003 los mismos que habían discutido con Alfonsín y que en los 90
resistieron las privatizaciones y la concentración económica comenzaron a
escribir los 21 Puntos por una radiodifusión democrática. Esos locos se
autodenominaros Coalición por una Radiodifusión Democrática. Kirchner desde el
atril -pensaban- en algún momento chocaría con los grupos monopólicos
mediáticos.
El choque
se produjo en 2008, las retenciones móviles y el decreto 125 al tocar los
intereses de los barones de la soja operaron como detonante; los grupos
concentrados de la economía, la política y la tecnología (el dispositivo)
creyeron que podían ir por todo y tomando los medios como ariete intentaron
cambiar el gobierno.
En la
Rosada ya estaba Cristina Fernández, desde la presidencia convocó a todo el
mundo, incluídas las gremiales empresariales de la prensa a discutir una nueva
Ley de Comunicación Audiovisual.
Miles
de encuentros, debates, discusiones; cientos de hombres y mujeres recorren el
país alcanzando a casi todas las ciudades de Argentina apoyando los 21 Puntos.
Cristina los toma como base y elabora un anteproyecto que vuelve a la calle en
una treintena de foros oficiales y cientos de encuentros y asambleas populares.
Hasta la iglesia católica y los evangelistas apoyan esta epopeya.
Finalmente
el proyecto va al Congreso y lo votan 147 diputados (el Frente para la Victoria
tenía 129) y 44 senadores.
Hoy
a 30 años de la democracia los 7 argentinos que tenían en sus manos
la constitucionalidad de 4 artículos de la Ley que definían la capacidad de la
democracia para desmonopolizar sacan un fallo ejemplar.
Por 6
votos contra 1 la Corte retoma los principios que cientos de militantes de la
comunicación redactaron allá por el 2003. Este resultado que es goleada en el
fútbol y que en el tenis es lapidario, en política como en el box es
categórico, inapelable, i-rre-vo-ca-ble. Dentro de 30 años la democracia
recordará las imperfecciones con que comenzó la etapa, pero también la libertad
que abrió para hablar, para elegir a quien escuchar y mejorar la democracia.
Hay que
conformar, como lo pide la Ley un modelo que recoja la experiencia de los foros
y las asambleas que gestaron su redacción; que los órganos de aplicación de la
Ley se conviertan en la expresión de un armado intersectorial, plural,
interdisciplinario como lo establece la Ley y que está en su origen..
El
modelo más cercano a la desmonopolización cultural está en el ejercicio que
lleva adelante Cynthia Ottaviano en la Defensoría del Público; una herramienta
que depende de la Comisión Bicameral y que funciona con una apertura a la
sociedad civil nunca vista en la Argentina. La Defensoría tardó tres años en
ponerse en funcionamiento por falta de acuerdo del Congreso de la Nación. Por
estos días culminó la última de las Audiencias Públicas que la Defensoría tiene
como mecanismo. Sin ningún tipo de censura las Audiencias son un espacio que
permite que todas las voces se puedan expresar analizando las demoras que sufre
la aplicación de la Ley. Sobre 70 oradores las demandas (sin desconocer lo que
implica el monopolio) exigen la puesta en marcha del dispositivo comunicacional
que la legislación habilita. Sin estridencia la Defensoría recoge y concreta, en
su lugar, el sueño democrático que la Ley expresa, impulsa y exige.
No existe
un sistema de Medios nuevo sin la articulación de un modelo de Estado que
integre a las organizaciones que hoy aparecen como débiles frente a los
oligopolios que se proponen como herederos del monopolio.
La
profundización de lo que la Ley establece debe construirse con participación,
alentando la interdisciplina, lo plural, lo multisectorial como lo hiciera en
2003 la Coalición por una Radiodifusión (hoy Comunicación) Democrática. Una
locura de hace 30 años que el 99.9 de las instituciones de la democracia
definió que tenían razón, que la Ley es constitucional y que el fallo por
unánime, es inapelable.
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